Redacción.- Este martes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha celebrado una vista de extradición para decidir si entrega a República Dominicana a una mujer española, abogada de profesión, que está acusada de sustracción de menores. Presuntamente los trasladaba de forma ilegal desde el país caribeño a España tras haber sido apartados de sus familias. La procesada ha negado los hechos y ha pedido no ser extraditada.
El
modus operandi que relata el escrito de la acusación de la Fiscalía es el
siguiente: La estructura criminal simulaba que los niños habían sido
maltratados en República Dominicana, por lo que se les solicitaba asilo de
protección en España. La letrada habría ingresado en el país “en el mes de
enero del año 2023 para planificar y financiar el traslado de los niños que
fueron rescatados cuando intentaba llevarlos a España”.
“Existen
evidencias de transferencias de dinero realizadas desde España por Carmen H.M.
para la imputada, e igualmente pagó los pasajes aéreos” para los menores objeto
de tráfico, explica el Ministerio Público, que asegura que ella era la que les
daba acogida en España “apartándolos de su familia biológica”.
La cuestión de la extradición
A
parte de la española, en la causa hay otros cuatro acusados, todos en el país
latinoamericano. Por ello la Fiscalía ha solicitado su extradición al país, ya
que consideran que no tiene sentido que sea juzgada en una vista a parte en
España. Además, el caso está mucho más avanzado en la República Dominicana,
estando solamente pendiente de la celebración del juicio y allí tienen todas
las pruebas esenciales, como los menores perjudicados y los peritos.
Este
movimiento podría ser posible, ya que según la doctrina de la Audiencia
Nacional cabe extraditar a nacionales españoles reclamados por países con los
que España ha firmado tratados de extradición, como es el caso de República
Dominicana, valorando las circunstancias de cada caso.
Una víctima “ingenua”
La
defensa de la letrada se basa principalmente en que no cometió el delito,
alegando que que ella es solamente una víctima “ingenua”. Simplemente se
dedicaba a ayudar a los niños dándoles comida y donaciones como habitualmente
hacía con diversas organizaciones, según ha relatado su abogado, Gonzalo Boye.
Para
oponerse a su extradición ha dado una serie de argumentos. Por una parte,
considera que no se podría llevar a cabo, alegando que el tratado con República
Dominicana remite a la ley española, que según jurisprudencia constitucional
impide la entrega de una española en este caso. A esto se le suma que, de ser
entregada, no se podría garantizar la posibilidad de que en República
Dominicana pudiera seguir con su tratamiento médico con lo que se pondría el
juego su derecho a la vida, además de los derechos de un menor como su hijo, al
que tuvo por gestación subrogada.
Boye
también ha asegurado que su representada ha recibido amenazas “de la gente de
República Dominicana” para que no se defienda y que ello también pone en riesgo
su integridad física.
En
cualquier caso, el letrado ha estimado que el procedimiento de extradición debe
quedar en suspenso mientras el Tribunal Supremo resuelve el recurso que ha
presentado contra el acuerdo del Consejo de ministros que dio luz verde a que
el mismo siguiera su vía jurisdiccional, para lo que ha entregado una
documentación que acredita que el Supremo ha admitido a trámite el recurso, en
el que alega que el Consejo de ministros “se equivocó en los hechos y en el
derecho que aplica”.
