EFE.– Organizaciones feministas de Ecuador presentaron este martes ante la Corte Constitucional una segunda demanda de inconstitucionalidad al artículo 149 del código penal ecuatoriano para exigir la despenalización total del aborto y el cese de la criminalización contra esta práctica.
Esta
segunda petición, impulsada por la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador,
la Fundación Desafío, Red Fe y el Observatorio de Género y Diversidad, se sumó
a la ya interpuesta el pasado marzo por el movimiento Justa Libertad.
“Lo más
probable es que se junten las dos (peticiones), eso es lo que tiene que hacer
la Corte Constitucional”, declaró a EFE la abogada y especialista en Derechos
Humanos Angélica Porras, una de las redactoras de la demanda, quien aseguró que
es probable que aún haya más peticiones similares y se logré así hacer mayor
presión.
En la
actualidad, el aborto está permitido cuando el embarazo pone en riesgo la salud
y la vida de la persona gestante o cuando ha sido producto de una violación.
Porras
recordó que en 2021 Fundación Desafío logró que se despenalizara el aborto en
casos de violación.
No
obstante, la Corte ordenó a la Asamblea Nacional (Parlamento) elaborar una
regulación, cuyo resultado no convenció a las organizaciones demandantes, pues
el entonces presidente conservador Guillermo Lasso (2021-2023) introdujo
cambios, que a su criterio, limitaron el acceso a la interrupción voluntaria
del embarazo.
La
experta en Derechos Humanos explicó que esta conquista fue insuficiente por dos
razones.
“La
primera, porque se limita la causal del aborto, es decir, todavía siguen siendo
criminalizadas las mujeres y las personas con capacidad para concebir que no
han sido objeto de violación. Siguen yendo a la cárcel y siendo
judicializadas”, aseguró.
En
efecto, el artículo 149 del código penal ecuatoriano sanciona con entre seis
meses y dos años de cárcel a la mujer que cause su aborto o permita que otro se
lo practique y de entre uno a tres años a la persona que le ayude a abortar con
su consentimiento.
Según la
demanda interpuesta, esta criminalización del aborto contradice el artículo 66
de la Constitución, que reconoce y garantiza a las personas “tomar decisiones
libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a
decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener”.
Además,
Torres señaló que el tiempo fijado para el aborto en caso de violación es de 12
semanas: “Eso significa que muchas mujeres, sobre todo adolescentes y niñas, no
han podido acceder al aborto porque el tiempo es muy restringido”, aseguró.
Y anotó
que en el 2023, de las más de 2.000 niñas que fueron violadas y que quedaron
embarazadas, apenas 700 lograron acceder a este derecho.
En la
rueda de prensa convocada minutos antes de que las organizaciones depositaran
la demanda ante la Corte, además de Porras, también tomó la palabra Johanna
Zambrano, vocera del colectivo Mujeres Tejedora Manabita.
Zambrano
denunció la falta de acceso a la información sobre los derechos de salud sexual
y reproductiva: “Las mujeres en la ruralidad no conocen y no tienen información
cercana, segura y veraz”, aseguró.
Es por
ello que demandó más atención para las mujeres y personas gestantes rurales y
de la provincia costera de Manabí, “históricamente abandonada”, denunció.
Asimismo,
José Bohorques, de la organización Transamblea, reivindicó que el derecho al
aborto también se tiene que garantizar para las personas transexuales.
“Es
importante nombrar el aborto en clave trans porque refleja la deuda histórica
que tiene el Estado con las personas de la diversidad sexual y genérica”,
apuntó Bohorques, y matizó que para asegurar los derechos de las personas trans
se requiere de “procesos y protocolos especializados”.
Por su
parte, Pablo Villarroel, en representación de la Red Ecuatoriana de Fe, declaró
que “ningún dogma” puede interponerse en la “decisión sagrada” de una persona
que quiera interrumpir su gestación.
Por
último, las organizaciones feministas congregadas concluyeron que la
despenalización total del aborto no será suficiente mientras persista la
penalización social.
